Casos de denuncia

Las empresas privadas y las organizaciones gubernamentales a veces infringen la ley. Cuando esto ocurre, sus empleados que son conscientes de la mala conducta tienen derecho a denunciar el comportamiento ilegal sin temor a represalias. Se han promulgado leyes locales, estatales y federales especialmente para proteger a los denunciantes de despidos injustificados, críticas negativas inmerecidas, amenazas y otras repercusiones injustificadas dirigidas contra ellos simplemente porque hicieron lo correcto y arrojaron luz sobre una actividad indebida.

Problemas comunes de los denunciantes

  • Fraude fiscal
  • Fraude contra el gobierno federal
  • Violaciones de la legislación laboral
  • Peligros para la salud y la seguridad
  • Infracciones en la eliminación de residuos
  • Malos tratos al medio ambiente
  • Infracción de patentes
  • Acoso sexual

Protecciones federales

El gobierno de EE.UU. cuenta con numerosas leyes que protegen a los empleados del sector privado que denuncian violaciones de los procedimientos, intentos de aprovecharse del gobierno, delitos financieros interestatales y delitos cometidos dentro del propio gobierno.

Ley de reclamaciones falsas
Los denunciantes que informan de un fraude cometido contra el gobierno federal tienen derecho a protecciones y potencialmente también a una compensación. Por ejemplo, si un empleado de un contratista federal se da cuenta de que su empresa está cobrando en exceso al gobierno o cobrando por servicios que no se han prestado realmente, un denunciante puede denunciar el fraude y estará protegido por las disposiciones contra las represalias de la Ley de Reclamaciones Falsas, que pueden hacer responsable a su empleador del acoso, las amenazas y cualquier represalia dirigida al denunciante.

Además, el denunciante puede tener derecho a una indemnización equivalente a un porcentaje (normalmente entre el 15 y el 30%) de los daños y perjuicios recuperados por el gobierno después de que éste investigue el supuesto fraude y responsabilice a la empresa.

Sarbanes-Oxley y Dodd-Frank
Estas dos leyes protegen a los denunciantes que informan de una violación del fraude postal federal, del fraude bancario o de seguridad, o de cualquier ley relacionada con la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), como las normas y reglamentos que afectan a las bolsas de valores, los mercados de bonos, el comercio de futuros de materias primas o la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

Ley de Protección de los Denunciantes
Cuando la irregularidad denunciada por un denunciante se produce dentro de un organismo federal, los agentes o empleados que la denuncian están protegidos contra las represalias. Los empleados federales están protegidos cuando denuncian un fraude, un despilfarro, una mala gestión, un abuso de autoridad o una amenaza para el público que se está ocultando indebidamente.

Protecciones estatales y locales

La mayoría de los estados, incluido Pensilvania, tienen sus propios estatutos de protección de los denunciantes. Los únicos estados que no lo hacen son Arizona, Idaho, Mississippi, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming.

La Ley de Denuncias de Pensilvania se aplica a cualquier empleado que preste servicios para un «organismo público», lo que se refiere a las organizaciones gubernamentales estatales y locales. La ley también se aplica a cualquier empleador de Pensilvania que desempeñe una función gubernamental estatal o federal. Los denunciantes pueden hacer su informe verbalmente o por escrito sobre cualquier prueba que puedan tener de fraude o despilfarro que pueda afectar a la Commonwealth.

Además, un pequeño número de municipios, entre los que destaca Filadelfia, han aprobado protecciones para los empleados municipales. En virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas de Filadelfia, el Procurador de la Ciudad de Filadelfia está facultado para recoger pruebas de los denunciantes que alegan que la ciudad está siendo defraudada. La ley también protege a los denunciantes de las represalias y autoriza indemnizaciones de hasta el 30% de los fondos recuperados como resultado de la información recibida.

Remedios

Un denunciante que haya sufrido consecuencias negativas, como el despido, la suspensión, el descenso de categoría, el cambio lateral a un puesto menos deseable o la privación de las prestaciones que debería haber recibido, puede tener derecho a varios recursos legales, entre ellos:

  • Compensación económica por los salarios perdidos, la angustia emocional y la pérdida del potencial de ingresos futuros
  • Reinstalación
  • Daños punitivos
  • Honorarios de abogados y costas judiciales

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